El 18 de marzo de 2016, la UE y Turquía acordaron un acuerdo de control migratorio de gran alcance, según el cual Turquía aceptaría a todos los “migrantes irregulares” que llegaran a las islas griegas.

La principal justificación del Acuerdo UE-Turquía es la suposición de que Turquía es un lugar seguro al que se puede devolver a los solicitantes de asilo y refugiados. Este informe expone esta suposición como una ficción.

A pesar de la actitud ampliamente acogedora de Turquía, el gran número de personas (alrededor de 2.75 millones de refugiados sirios y 400,000 solicitantes de asilo y refugiados de otros países (principalmente Afganistán, Irak e Irán)) inevitablemente ha ejercido una presión considerable tanto sobre el nuevo sistema de asilo de Turquía como sobre sus capacidad de satisfacer las necesidades básicas de las personas. Es comprensible que un nuevo sistema, en un país con un número abrumador de solicitantes de asilo y refugiados, tenga dificultades.

La UE sabía todo esto cuando se firmó el acuerdo. El Acuerdo UE-Turquía no cumple con los estándares internacionales y su implementación debe ser detenida.

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